“La pandemia plantea muchos retos jurídicos, pero hay que reclamar la máxima claridad en las decisiones que se toman”
Desde que se desató la pandemia y sus efectos, Mercados21 ha estado muy cerca de profesionales y empresas para conocer su día a día. Los despachos de abogados desempeñan un papel esencial en estos momentos de grandes dudas e incertidumbres. Hablamos con Eduardo Olarte, socio del despacho León&Olarte y reputado abogado, sobre todo lo que está suponiendo esta situación excepcional desde el punto de vista legal, qué puede representar de cara al futuro y qué consideraciones hace de la actuación del Gobierno y la Unión Europea desde el ámbito normativo.
Tras la declaración del Estado de Alarma y con todos los cambios que ha supuesto, ¿cuáles son los principales asuntos y problemas que os trasladan vuestros clientes?
La mayoría de los asuntos tiene que ver con cuestiones laborales, sobre todo, con dudas respecto a los ERTEs y a los despidos. Los clientes suelen tener muchas dudas relacionadas con estos asuntos, ya que la forma en la que han sido comunicados, el modo en el que se ha informado de ellos, no ha sido precisamente el más claro y transparente. Al menos en las primeras semanas, ha habido mucha confusión. ¿Puedo o no despedir? ¿Hasta dónde afecta el Estado de Alarma en lo laboral? Las prisas han sido la tónica dominante en todos los cambios legislativos y normativos que se han producido en las últimas semanas. También hemos asesorado muchas consultas sobre cómo llevar a cabo aplazamientos crediticios, y sobre tramitación y solicitud de nuevas ayudas y préstamos.
Apunta a las prisas y, no sé si a la improvisación, a la hora de hacer frente al gran desafío que ha supuesto la crisis sanitaria. ¿Ha habido mucha diferencia entre la forma de actuar en España con el resto de países?
En realidad, más o menos, casi todos los países están actuando de forma muy parecida. Incluso mirándose unos o otros para copiar iniciativas similares. Está claro que ningún estado estaba preparado para afrontar una situación como la que ha desatado la pandemia. Independientemente de la dificultad que supone y los nuevos retos que plantea, sí se puede reclamar la máxima claridad y transparencia en las decisiones que se toman, y un mínimo de consenso. Ahora habrá que ver cómo se va ejecutando la nueva casuística del proceso de desescalada.
¿Todo esto que comenta puede desembocar en una avalancha de reclamaciones o en un número importante de posibles impugnaciones?
Las improvisaciones nunca son buenas, y en nuestro caso ha habido que dar marcha atrás y rectificar normas que ya estaban en marcha. Por ejemplo, en el caso concreto de las multas, hay una cierta unanimidad entre la profesión de que muchos juzgados aceptarán las recusaciones con muchas probabilidades de que sean positivas para quien reclame. Incluso en las primeras semanas, muchos ayuntamientos decidieron horarios propios para pasear y sacar a las mascotas, lo que abría una gran casuística. O ahora, cuando ya llevamos casi ocho semanas de confinamiento, es la propia Administración de Justicia la que se encuentra con todas las dificultades del mundo para reanudar su actividad en sede judicial por falta de medios. A esto me refiero cuando hablo de prisas y a una provisionalidad rayana con la improvisación.
El Gobierno Sánchez ya está negociando una nueva prórroga del Estado de Alarma por un mes más. Como experto, ¿considera que se ha traspasado la línea de un Estado de Alarma y, en determinados aspectos, hemos estado más en un Estado de Excepción?
Desde el momento en el que determinados derechos fundamentales de los ciudadanos están sujetos a restricciones importantes, el Estado de Alarma se encuentra totalmente sobrepasado. Limitar estos derechos por un Real Decreto violenta las previsiones de nuestro sistema jurídico y legislativo. Tras la aprobación de la primera prórroga y, todo lo que ello conllevó, ya nos encontrábamos en una situación legalmente más propia de un Estado de Excepción que de Alarma. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el Estado de Excepción requiere de su aprobación en el Congreso por parte de todos los grupos.
Hay una cierta unanimidad en la profesión de que muchos juzgados aceptarán las reclamaciones que se interpongan como consecuencia de la aplicación del Estado de Alarma
¿Cabe la posibilidad de que algunos o muchos cambios normativos de los que se han producido se queden o incorporen al corpus legal más allá de la situación actual?
No creo que la cuestión fundamental sea esa. Una vez que se levante el Estado de Alarma y se retire el Real Decreto legalmente se volverá a la situación anterior de normalidad. Lo que sí puede ocurrir es que algunas de las medidas puestas en marcha por este decreto acaben siendo reconvertidas en futuras leyes y entren a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, en este caso, ya entrarían por los cauces establecidos en nuestro Estado de Derecho.
¿Servirá la experiencia de teletrabajo y eAdministración para conseguir un salto digital verdadero en el ejercicio legal y administrativo?
Debería servir para que fuera así a partir de ahora y de cara al futuro. Pero yo no soy tan optimista, y pienso que al final, cuando todo esté más controlado, iremos aparcando u olvidando mucho de lo que hemos vivido estos meses. Y una razón poderosa para ello es que todo esto necesita inversión y dinero, y una parte importante de ese dinero tiene que venir del estado. Pongo un ejemplo muy concreto: los abogados llevamos tiempo reclamando la posibilidad de hacer las juntas de socios en las empresas por videoconferencia, con toda validez legal. Mucho me temo que una vez que vaya normalizándose la situación, esto retroceda al punto de partida. Este no es más que un caso. Otra cuestión importante a partir de ahora es que todos los actores del sistema judicial estén bien coordinados para que su desempeño sea lo más eficaz y lógico posible. Habrá que ver si esto es así en los próximos meses, pero me inclino a pensar que no lo será.
¿Ha estado la Unión Europea a la altura para dar una respuesta coordinada en las distintas áreas, entre ellas la legal?
Aunque desde el punto de vista económico se toman decisiones, la armonización legislativa y normativa en muchos aspectos deja mucho que desear. Y, al final, a la población le queda la sensación de que la UE no hace todo lo que debiera. Armonización que debería llevarse a cabo en tiempos de bonanza o de calma, para que en las crisis no nos acabe desbordando. El problema de la inmigración es buena muestra de lo que comento. Además, para dar pasos decisivos hay que estar dispuestos a ceder soberanía, hacer protocolos de actuación robustos que permitan acciones rápidas. A juzgar por las declaraciones de muchos políticos europeos durante la crisis del virus, y por las decisiones que cada país ha ido tomando, estamos más cerca de un “sálvese quien pueda”, que de una verdadera unión. Lamentablemente es lo que está sucediendo.
¿Cómo os habéis adaptado en el despacho a toda esta vorágine?
En el despecho llevamos tiempo apostando por el teletrabajo y desde el principio del confinamiento ya estábamos preparados, facilitando esta vía tanto para nuestros profesionales como para los clientes. Estamos plenamente activos y en contacto permanente con los clientes, atendiendo todos los asuntos, aunque lo previsible es el que número de estos asuntos decaiga. De aquí a final de año, las cuestiones relativas a ERTEs y desempleo seguirán siendo las más numerosas.
