Patronales avisan del daño de la reforma energética al sector industrial

 en la sección Sostenibilidad

Elevarán en 1.500 millones el coste energético

Europa Press   I   8/10/2012

Cinco patronales del sector industrial han remitido una carta al Gobierno en la que le advierten de que las medidas adoptadas por la reforma energética ponen en riesgo la viabilidad del sector industrial en España.

Mercados21 | Patronales avisan del daño de la reforma energética al sector industrialLa carta aparece firmada por la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (Feaf) y la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas (Hyspalit).

La carta al Gobierno indica que el anteproyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética incrementará en 1.500 millones de euros anuales el coste energético de las empresas.

Esta subida, señala Acogen en una nota en la que recoge el contenido de la carta, procederá del efecto combinado de la subida de precios en el mercado mayorista de electricidad, del nuevo impuesto a la cogeneración y del céntimo verde al gas industrial.

El sobrecoste que esta circunstancia genera “cercenará cualquier posibilidad de competir en los mercados internacionales” y puede provocar “un proceso de desinversión y deslocalización industrial sin precedentes” en España.

Por este motivo, las asociaciones firmantes comparten la necesidad de abordar una “auténtica reforma eléctrica” y consideran que el actual proyecto de medidas fiscales no va en esa línea, sino que apenas pasa de“mero mecanismo de recaudación”.

Junto a esto, defienden “un sector energético al servicio de la industria y los usuarios, y no una industria al servicio del sector energético”.

Por este motivo, piden al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación de la norma en el Congreso modifiquen el proyecto de ley para evitar que España pase de ser “un país de servicios” a “un país al servicio de los productores”.

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