martes, 22 de mayo de 2018

Las instituciones ambientales en otro orden competitivo

El creciente terreno ganado por el ambiente en las agendas nacionales e internacionales de desarrollo está propiciando el desplazamiento de la tradicional divergencia teórica entre esos temas y el comercio internacional hacia una esfera institucional de búsqueda de sinergias. La globalización económica y los bloques regionales de comercio, junto con el reconocimiento tácito de la importancia geoestratégica de la dotación de recursos naturales, están configurando un nuevo patrón de competitividad económica. El objetivo de evitar las barreras no arancelarias al comercio en materia ambiental ha propiciado la formación de incentivos orientados a homologar los procesos productivos de algunos sectores respecto de sus efectos potenciales, con lo cual se tiende a disminuir la posibilidad de competencia desleal debido a crecientes costos ambientales externos. Frente a la relativa incapacidad de los foros multilaterales para controlar directamente los estándares ambientales, es relevante la iniciativa de la International Standards Organization de promover la norma de calidad ISO 14000, que constituye un esfuerzo deliberado por modificar la estructura de competencia en el comercio.

Con la emisión de normas de calidad internacionalmente reconocidas se persigue mejorar el posicionamiento de los bienes y servicios producidos en el mercado mundial. La experiencia derivada de la aplicación de normas ISO 9000 indica que, a pesar de ser un instrumento gerencial y voluntario, representa un incentivo para la participación de las empresas en los mercados mundiales e internos. Las normas ISO 14000, que incorporan el factor ambiental en los sistemas de administración de las empresas, son certificaciones que tienen por objeto analizar las características del proceso de elaboración de los productos desde el punto de vista de su ciclo de vida. La propuesta de verificar los procesos de producción y sus respectivos efectos ambientales no es nueva. Los antecedentes directos de dicha iniciativa, en práctica desde fines de 1995, son la norma británica BS 7750 sobre sistemas de administración ambiental voluntaria y las auditorías ambientales alemanas que dieron origen a los sellos de garantía ambiental.

La mecánica operativa de este conjunto de normas de auditoría ambiental es, en términos generales, la siguiente: las empresas asumen el compromiso voluntario de someter a verificación inicial sus procesos productivos y aspectos administrativos y de organización. Tomando como base los resultados se determinan las metas ambientales para cada tipo de industria, las cuales las supervisa periódicamente una organización acreditada. El riguroso proceso de auditoría permitirá a las empresas calificar para obtener una certificación ambiental. El efecto de dicho proceso en las fuentes fijas significa una tendencia hacia la creciente eficiencia técnica de las economías. En tales circunstancias, las instituciones están obligadas a la promoción deliberada de nuevas trayectorias tecnológicas que permitan la competitividad en los mercados mundiales a la vez que estimulen la internalización de costos ambientales. Desde el punto de vista fiscal, es posible emplear al gasto público como un mecanismo de estímulo para que las empresas participen en procesos de auditoría ambiental voluntaria, así como promover el desplazamiento de las técnicas productivas. Mediante los programas de compras gubernamentales, de los sectores tanto centrales como descentralizados, es posible incluir una cláusula de certificación ambiental para participar en los procesos de licitación pública tanto nacionales como internacionales.

Artículo de opinión de Daniel Sorichetti, especialista en Marketing, Internacional, Cambio Climático y Protocolo de Kyoto.