miércoles, 20 de septiembre de 2017

A la búsqueda de una administración con sentido

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Agencia de Defensa de la Competencia, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, han firmado en fecha reciente un convenio para la mejora de la regulación y la simplificación administrativa. Uno de esos acuerdos, tal vez sin demasiado tirón mediático, pero de importancia capital en la modernización de la relación entre la empresa y la administración, en este caso autónomica.

En el acto de la firma, tanto el presidente de la CEA, Javier González de Lara, como el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, dijeron cosas sentatas, con sentido y en un clima de entendimiento y buena relación que es la mejor baza para remar en la misma dirección: incrementar la actividad empresarial en esta comunidad autónoma. En la rúbrica de este convenio también estuvieron presentes la directora de la Agencia de Defensa de la Competencia, María Victoria Román González, y el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo.

González de Lara, con su estilo pausado, elegante y a la vez directo, puso el dedo en la llaga en su alocución. Para ser más competitivos hay que ser más eficientes. Hay que trabajar por la unidad de mercado, pues no tiene sentido competir en reinos de taifas en lo local, cuando vivimos en un mundo global. "Es momento de trabajar, de fajarnos y de detectar dónde están los principales obstáculos que dificultan la actividad de las empresas", remarcó. Y para ilustrar la abundancia de normas y el exceso regulatorio en el que estamos inmersos apuntó dos datos de magnitudes extraordinarias: en 2014 se aprobaron en España 13.000 nuevas normas entre las distintas administraciones, que ocuparon nada menos que un millón de páginas en sus respectivos órganos informativos, léase BOE, boletines autónomicos, provinciales y de toda índole.

Acuerdo CEA web

El presidente de la Confederación Insistió que para Andalucía es vital aumentar la densidad empresarial, ya que la región está por debajo de la media nacional, lo que a todas luces representa un hándicap de primer orden a la hora de la generación de empleo, de riqueza y un lastre para competir en los mercados. A pesar del medio millón de empresas existentes, más micro que pymes, adujo que son necesarias al menos otras 150.000 más para que la región se sitúe en la ratio de la media nacional con cierta holgura.

En gran sintonía con las palabras de González de Lara se mostró el consejero Ramírez de Arellano, en su primera visita institucional a la sede de los empresarios andaluces. El responsable de Economía del Ejecutivo autonómico habló en todo momento de cooperación, de colaboración, de entendimiento, de una visión a medio plazo que cimente por completo un modelo productivo que premie la eficiencia y eficacia, la innovación, con una economía abierta, internacionalizada y avanzada. Y se refirió a las peticiones de los empresarios de reducir las trabas burocráticas como un clamor. Aseguró que su gestión al frente de la consejería será "sensible a las demandas de las empresas y al espíritu emprendedor".

Ambos coincidieron en resaltar que las nuevas normas que se aprueben a partir de ahora contarán con un informe de la Agencia Andaluza de la Competencia que será prescriptivo, de modo que toda norma se acompañe de un informe del impacto que ésta producirá desde el punto de vista económico. Algo a todas luces necesario y lógico, pero que hasta ahora no ha sido tradición entre las administraciones públicas. Lo que es impensable en la gestión de una empresa, incluso en la economía familiar, saber qué impacto económico tienen nuestras acciones, ha brillado por su ausencia en la aprobación de medidas y normas administrativas.

Mientras el consejero y el máximo representante de los empresarios andaluces atendían a los medios, éste último adelantó el propósito del convenio: un acuerdo para trabajar, para trazar una ruta que lleve a facilitar la actividad empresarial de forma responsable. No es una convenio en los que se fijen máximos y mínimos, aunque sí hay que bajarlo al terreno del día a día, a la práctica. Es necesario que este entendimiento mutuo no quede sólo en la firma de un papel, que con el tiempo corra el riesgos de convertirse en papel mojado. Y que tanto los representantes empresariales como los de la administración pongan cada uno de su parte para hacer realidad ese objetivo que parece no tener final o meta: una administración con sentido, que facilite la actividad de las empresas de forma ordenada y lógica, sin una maraña burocrática en muchos casos kafkiana. Lo que contribuirá de forma decisiva en la construir una administración transparente que en ningún momento pueda dar cobijo a intereses creados, espúreos o corruptos.