viernes, 17 de agosto de 2018

Soy empresario, ¿en qué me afecta la reforma del Código Penal?

  • Escrito por Gerardo Parejo Fernández, LeonOlarte Abogados

Fruto de la colaboración entre LeonOlarte Abogados y Mercados21 os traemos un nuevo artículo, dedicado a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015, centrándonos en las novedades más relevantes que afectan al ámbito empresarial.

Antes de comenzar, cabe destacar la mención que se hace en el preámbulo sobre la finalidad de acabar con las dudas existentes en torno a la interpretación del régimen de responsabilidad que introdujo la Ley Orgánica 5/2010, asumiendo con la reforma algunas de las recomendaciones realizadas por diversas organizaciones internacionales.

Limitación del régimen de responsabilidad penal

En primer lugar, se introduce una distinción más transparente en lo que respecta a los supuestos de imputación de responsabilidad penal:

• Delitos cometidos por los representantes legales, o por aquellos autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o que ostenten facultades de organización y control.

• Delitos cometidos por quienes, estando sometidos a la autoridad aquéllos, hayan realizado los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Eximentes y atenuantes de responsabilidad penal

Se establece un eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica si ésta demuestra que ha dado efectivo cumplimiento a las siguientes condiciones:

• Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado antes de cometerse el delito, los modelos de prevención.

• Que se haya encomendado la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención a un órgano autónomo (en las pequeñas empresas podrá ser asumido directamente por el órgano de administración).

• Que se hayan eludido fraudulentamente los modelos de prevención por parte de los autores.

• Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de vigilancia y control por parte del órgano encargado de la supervisión.

También se establece un atenuante para aquellas personas jurídicas que antes del comienzo del Juicio Oral hayan establecido medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica

Requisitos de los "modelos de prevención"

Respecto de los citados "modelos de prevención", se establecen una serie de requisitos que deben cumplir para su eficacia a efectos de valorar la imputación de responsabilidad penal:

• Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos.

• Establecer protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de su ejecución.

• Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos.

• Imponer el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de la supervisión del modelo de prevención.

• Establecer un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas establecidas en el modelo.

• Verificar periódicamente el modelo y su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones o cambios relevantes en la estructura de organización o actividad desarrollada.

Responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas

Se reitera la inviabilidad de imputar responsabilidad penal a las administraciones públicas, salvo de las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, entes que en la anterior reforma quedaban fuera de éste ámbito.

Administración desleal y apropiación indebida

Se introduce una regulación de la figura de la administración desleal que la desplaza de los delitos societarios a los patrimoniales, y se revisa la apropiación indebida, que se regula separadamente de la administración desleal, distinguiéndose entre apropiación con quebranto de la relación de confianza con el propietario y la estafa.

Insolvencias punibles

Se establece una clara separación dentro de los delitos de insolvencia punible, distinguiendo entre aquellos que obstaculizan la ejecución (como la ocultación de bienes y la utilización por el depositario de bienes embargados), y los delitos de insolvencia o concurso punible, el cual se configura como un delito de peligro, vinculado a la situación de crisis y perseguible sólo cuando se declara el concurso o se produce un sobreseimiento en los pagos.

Se prevé además un nuevo tipo agravado para los supuestos en los que se causen perjuicios económicos especialmente graves o en los que la mayor parte del crédito defraudado corresponda a deudas con la Administración Pública.

Delitos contra la propiedad intelectual

En consonancia con la nueva realidad social, se tipifican expresamente las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que se deriven graves perjuicios como la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual, o la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada.

Corrupción en los negocios y financiación ilegal de partidos políticos

Se introduce un tipo agravado para los supuestos de corrupción en los negocios de especial trascendencia en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas, y se instaura un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos en el que se castigará a quienes acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un partido político.

Incendios forestales

Se endurecen los delitos por incendios forestales elevando las penas de cárcel de los 3 a 5 años actuales hasta los 6 años, y se tipifican como delitos contra el medio ambiente cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos.

Sobre el delito de incumplimiento del deber de vigilancia o control incluido en el Proyecto de Ley

Por último, merece destacarse la decisión de haber dejado fuera de la redacción final de la reforma la tipificación del llamado "delito de incumplimiento del deber de vigilancia o control", que estaba inicialmente contemplado en el Proyecto, y que castigaba a los empresarios que no implementaran en su organización los modelos de prevención.