Energías renovables, ¿una fuente inagotable?

El decreto tarifario pone en riesgo a 80.000 empresas y 20.000 millones de euros de inversión.

El Ministerio de Industria publicaba en el BOE el Real Decreto – Ley 14/2010, más conocido como ‘decreto de déficit tarifario’ o ‘tarifazo’, una nueva normativa que ha recortado las primas e incentivos a la producción de energías limpias en España, amenazando la viabilidad de un sector que, desde las respectivas patronales, ya ha iniciado movilizaciones para querellarse contra el propio Gobierno por responsabilidad patrimonial.

Así, los productores han visto limitadas las horas de rendimiento a las que resulta aplicable la  tarifa fotovoltaica, que quedan fijadas en 1.707 anuales en una primera fase -2011-2013-, cuando hasta ahora las solares estaban produciendo entre 2.100 y 2.500, con una estimación de reducción de ingresos del 30%, que se suma a la obligatoriedad de realizar las inversiones técnicas necesarias en el presente 2011.

El motivo: según el Ministerio de Industria, el desfase entre el coste de la distribución de energía eléctrica y los ingresos por consumo. Pero, de ser esto cierto, ¿por qué al mismo tiempo se encarece este recibo un 10%?

¿Compensación al carbón? En medio de este debate, el pasado día 10 la Audiencia Nacional levantaba la medida que suspendía de forma “cautelarísima” el desarrollo del real decreto del carbón, por el que se obliga a las centrales eléctricas a presentar cartas con compromisos de compra de carbón nacional. Las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, habían solicitado dichas cautelares alegando que el plazo de tres días fijado para emitir órdenes de compra vulneraba peligrosamente su rentabilidad económica, pero, tras la sentencia del Supremo dando luz verde a la entrada en vigor del decreto, a las grandes eléctricas y la Xunta -preocupada por sus centrales térmicas- sólo les queda esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo, donde tuvieron el mismo día una dilatada vista oral en la que la más alta instancia europea se compromete a emitir un dictamen definitivo sobre la compatibilidad de esta norma con la legislación europea en el plazo máximo de dos años.

Las también eléctricas E.ON y HC, así como la patronal Carbunión, aplaudían la medida, que pretende compensar el fin de las ayudas europeas incentivando la compra del carbón autóctono. Pero para las grandes, las ayudas no son compatibles con el mercado común porque penalizan al carbón importado, no están justificadas por problemas de seguridad de suministro en España, fomentan las instalaciones que emiten gases de efecto invernadero, y aumentan “innecesaria y desproporcionadamente” el gasto público.

No obstante, Bruselas ya exigía el pasado septiembre al Gobierno como condición para aprobar el plan español de ayuda al sector del carbón que no conceda más subvenciones después de 2014, cifra que la Eurocámara aprobaba llevar hasta 2018.

Desigualdad geográfica Y es aquí donde se centra la polémica de los productores de energías renovables, que acusan a Gobierno y eléctricas de achacarles la subida del recibo de la luz alegando que sus primas encarecen la distribución, cuando al mismo tiempo que se recortan sus ayudas se aprueban otras que limitan la competitividad del sistema protegiendo la industria del carbón. Y es que, ¿no es igual de importante que el carbón la industria de las renovables? ¿Una fuente inagotable de energía,  un teórico sector de futuro, el único que parecía haber resistido los embates de la crisis económica?. La inversión extranjera huye Así, el ‘tarifazo’ generará importantes descalabros a las plantas solares si se tiene en cuenta que la inversión se ha realizado con un fuerte endeudamiento financiero cuya devolución depende de que se cumplan los ingresos previstos en un plan de negocio que contaba con un marco regulatorio estable -aunque siempre se ha peleado por asegurarlo aún más siguiendo el modelo alemán o francés- y con una previsión de ingresos fijos sin limitaciones anuales ni caducidad de la inversión.

El cómputo total de inversión se cifra desde el sector en 25.000 millones de euros, con un apalancamiento superior a los 20.000. La reducción de ingresos hará que alrededor de 50.000 empresas no puedan hacer frente al pago de las cuotas de amortización o intereses en el período 20011-2013, con un fuerte impacto en la viabilidad de los proyectos que “tendrá un importante efecto en los mercados”, apuntan desde la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF). Los afectados alertan de que los 20.000 millones de euros invertidos en energía limpia entre 2007 y 2008 fueron a cargo de bancos nacionales y extranjeros, inversores institucionales internacionales y particulares españoles ; y que encuestas entre firmas internacionales de inversión ya han mostrado su preocupación por la inestabilidad del sector en España. ¿Ley de Economía Sostenible? Así las cosas, empresas y particulares arrancan 2011 con un encarecimiento del 10% en un recibo de la luz que seguirá subiendo en función de los vaivenes de los combustibles fósiles -hidrocarburos y carbón-; los productores de energías renovables viendo tambalearse inversiones millonarias; y el conjunto de la economía nacional frenando la investigación en un sector que demanda inversión para conseguir una producción  limpia y rentable, tan propugnada por el Gobierno en su publicitada Ley de Economía Sostenible.

E.P.C./M.C.F.