martes, 25 de septiembre de 2018

Trabajadores de Carcesa se manifiestan por el empleo

Concentración en Mérida ante los impagos de Nueva Rumasa

La delicada situación por la que atraviesan los más de 200 trabajadores de la fábrica Carcesa Extremadura, perteneciente al holding financiero de la familia Ruiz-Mateos, es más que evidente. A pesar de los numerosos dimes y diretes existentes entre el grupo Nueva Rumasa, las administraciones gubernamentales y los sindicatos lo cierto es que cada vez es más intensa la incertidumbre suscitada en torno a su situación económica y laboral. A mediados de febrero, Nueva Rumasa presentó una solicitud de pre-concurso de acreedores sobre diez de sus compañías más importantes, entre las que se encontraba la fábrica Carcesa con sede en Mérida, Montijo y Don Benito. Fue entonces cuando los sindicatos, partidos políticos, y administraciones locales y regionales comenzaron a tomar parte en el asunto.

“Que cumpla lo prometido” El pasado 23 de febrero, el propio José María Ruiz-Mateos hijo se puso en contacto con el alcalde de Mérida, Ángel Calle, a través de una llamada telefónica para asegurarle que en un “plazo máximo” de una semana el grupo Nueva Rumasa contaría con un fondo de inversión que le aportaría liquidez, según apuntó el alcalde. Si bien, una vez cumplido el plazo, la situación sigue en el mismo punto. Ante ello, más de 300 personas se congregaron el pasado sábado día 5 en la plaza de España de Mérida, para solidarizarse y apoyar a los afectados por la gestión de Nueva Rumasa. Ataviados con pancartas, carteles y banderas sindicales, la ciudadanía extremeña manifestó su empatía con los agricultores afectados en un acto al que también asistieron numerosas autoridades locales y regionales del PSOE, PP e IU, fuerzas sindicales como UGT y CCOO; organizaciones como UPA-UCE; Apag Extremadura Asaja; y representantes del Comité de Empresa de Carcesa Extremadura. El alcalde emeritense, comenzó pidiendo a la familia Ruiz-Mateos que “cumpla lo prometido” sobre el fondo de inversión que “saldría a la luz” en una semana para evitar el cierre de Carcesa. Calle también pidió a todos los que puedan “tener posibilidades de arreglo que se impliquen” porque, aseguró, “esta ciudad no puede perder una de sus señas de identidad industrial del pasado”. “Esto tiene unos responsables y lo que es seguro es que los responsables no son ni los trabajadores de la fábrica ni las industrias subsidiarias que la complementan”, añadió el alcalde. Sobre la gestión de Nueva Rumasa, también hizo alusión la presidenta del Comité de Empresa de Carcesa Mérida, Rosario Riñones, quien manifestó que los directivos de Nueva Rumasa “han descapitalizado” la factoría extremeña. “Se han llevado el dinero que ya no pasa ni por Mérida, ni por Montijo, ni por Don Benito. Esto es lo que está pasando en Carcesa. Llegados a este momento tenemos que decir que nosotros lo que queremos son soluciones al problema porque nuestra fábrica es productiva, rentable, viable y, por lo tanto, tiene futuro”, afirmó Riñones. De vuelta al control público “Hay que defender esta empresa para que vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: una empresa gestionada desde los poderes públicos”.  Así de tajante se mostró el coordinador regional de IU, Pedro Escobar, con el Artículo 128 de la Constitución Española en la mano, que dice: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (…) Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Escobar sostuvo que el interés general de esta empresa son los trabajadores y el sector del tomate, “no el bolsillo del señor Ruiz-Mateos, que insiste en esta dinámica depredadora y agresiva”. Por ello, animó a los agricultores a seguir luchando porque, dijo, “no podemos permitir” que sigan viniendo a Extremadura “empresarios listillos a hacer negocio”.

“No van a poder continuar” El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, advirtió que si Carcesa “no” paga a los trabajadores, muchos agricultores “no van a poder continuar”. También insistió en que su organización “no” entiende “qué ha ocurrido con el dinero de los trabajadores”, por lo que reclama a la administración que “investigue y depure responsabilidades”, aunque, antes de ello, pidió que los agricultores “cobren su dinero”. “Ese dinero lo necesitan para poder afrontar los préstamos de campaña”,  sentenció Huertas.

Fabiola Lobo