martes, 22 de mayo de 2018

Las negociaciones del clima y el Protocolo de Kyoto

Tribuna de opinión de Daniel Sorichetti

“El cambio climático es real. Lo veo y lo siento aquí todos los días”, afirmó la doctora Kim Bernard frente a los participantes de la reunión anual de la Sociedad de Periodistas Ambientales (SEJ, por sus siglas en inglés), que congregó a científicos internacionales, políticos y periodistas de cuarenta estados norteamericanos y 22 países hace algo más de un mes. Su testimonio se une al clamor de muchos investigadores alrededor del mundo. En el mismo Miami se vive esta realidad después del derrame de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. El sistema de los Everglades en Florida es un ecosistema único cuya recuperación está en progreso, con un coste aproximado de 10.000 millones de dólares.

Sin embargo, diferencias políticas amenazan el apoyo presupuestario estatal y federal. Tanto es así, que la que fuera candidata a las primarias republicanas, Michele Bachmann, propuso excavar los Everglades para buscar petróleo. Estos conflictos internos le impiden a Estados Unidos adoptar un compromiso justo como el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. Además, ponen al país en el ojo del huracán en la búsqueda de un nuevo acuerdo global que dé continuidad al Protocolo de Kyoto, cuyo primer periodo de compromiso vence a finales de 2012. Firmado en 1997 y en vigor desde 2005, el Protocolo estableció compromisos de reducción de emisiones para 37 países desarrollados, con la excepción de Estados Unidos, que no lo ratificó. En diciembre de 2011, durante la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en Sudáfrica, se aprobó extenderlo con un segundo periodo de compromiso, que arranca el 1 de enero de 2013 y se prolongará hasta 2017 ó 2020, según el acuerdo de Durban. Este paquete fija la ‘Hoja de Ruta’ para un pacto mundial sobre recorte de emisiones, aunque posterga las medidas necesarias para combatir el calentamiento global. La meta es estabilizar el C02 atmosférico para evitar que la temperatura del planeta suba dos grados, declarado por los científicos como un límite “peligroso” para la vida en la Tierra. Hay que reducir las emisiones a la mitad para 2050. Y se advierte que retrasar la decisión de rebajar los flujos contaminantes en cinco o 20 años multiplicará por cuatro el coste de frenar los efectos del cambio climático.

Dependiendo por donde se mire, la COP (Conference of the Parties) 17 de Durban tenía la botella medio vacía o medio llena. Tras maratonianas negociaciones que prolongaron la cumbre hasta las 36 horas, al menos se salvó el agonizante Protocolo de Kyoto y se mantuvieron los mecanismos y los mercados, generando fondos y financiación para proyectos y tecnologías limpias. Pero su falta de ambición para comprometer a los más grandes contaminantes, fijar fechas, mayores recortes de emisiones y crear acuerdos vinculantes lo constituye ante ambientalistas, científicos y ONG como un “fracaso”, un acuerdo a acordar. Es como si hubiéramos regresado en el tiempo a Bali, Indonesia, en 2007. Allí se estableció la ‘Hoja de Ruta de Bali’ con los pasos a seguir para llegar a un acuerdo global jurídicamente vinculante en 2009, que establecería metas de las emisiones una vez finalizado el Protocolo de Kyoto en 2012. Además, se creó un Plan de Acción que incluía el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), de particular interés para los países en desarrollo. Pero lejos de concretar los logros alcanzados en Bali, la Conferencia de Copenhague en 2009 fue un rotundo fracaso, no solo porque no se llegó a ningún acuerdo, sino porque se perdió la confianza en el proceso de negociaciones de Naciones Unidas.

Al tiempo que los grupos de trabajo de 194 países elaboraban los textos para la presentación final de la cumbre, el G-8 (Francia, Brasil, Estados Unidos, China, India, Canadá y Rusia), creó y filtró un texto paralelo. Cuando el presidente estadounidense Barack Obama lo anunció frente a los medios, fue rechazado. El incidente ocasionó tal desconfianza que le restó credibilidad a la ONU y las críticas recayeron en la falta de transparencia de las discusiones. La reunión celebrada en Cancún en 2010 supuso algunos avances aplaudidos tanto por los estados firmantes como por las propias ONG. La COP 16 estableció estructuras para en otras lograr los acuerdos en metas de reducción global (no sobrepasar los dos grados, con vistas a disminuir a 1,5) y crear fondos para mitigación y adaptación. Los buenos oficios de la diplomacia mexicana, en especial el trabajo de la presidenta de la COP 16, Patricia Espinoza, lograron restaurar la confianza en el proceso y el diálogo de manera incluyente, donde las partes sintieron que podían negociar.

Durante las discusiones de la COP 17 en Durban, 12 jefes de Estado y 130 ministros intentaron lograr el marco mundial jurídicamente vinculante de las emisiones de las grandes economías. Pero el debate se estancó, los ánimos se caldearon y empezaron a discutirse los niveles de compromiso del bloque de países desarrollados. Nuevamente, se criticó el nivel de transparencia y de participación que se permitió a los representantes de países del mundo en desarrollo. La Unión Europea, la mayor proponente a firmar un segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kyoto y reducir del 20% al 30% sus emisiones, insistía en la necesidad de que todos los países, incluyendo a las economías emergentes, asumieran el mismo peso legal en un mundo interdependiente. Desde el principio, los países emergentes que integran el grupo BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) junto al grupo de países en desarrollo G-77, el Grupo Árabe y la Alianza de Pequeños Estados Isleños, exigieron mantener Kyoto y la financiación comprometida en Cancún 2010. Sin embargo, India y China defendieron que los compromisos vinculantes en reducción de emisiones no pueden aplicarse por igual a todos los países y aseguraron que no están en condiciones de aceptar obligaciones que limiten su desarrollo. El negociador chino recordó que mantienen compromisos nacionales de reducción de gases contaminantes como el “autoimpuesto” por China desde 2009, cuyo objetivo es mejorar del 40% al 45% sus emisiones de dióxido de carbono por unidad del PBI en 2020 con respecto a sus cifras de 2005.

Como potencia emergente y líder latinoamericano, Brasil destacó en la COP 17. El gigante del sur cabildeó armoniosamente y mantiene las metas voluntarias a las que se comprometió en la Cumbre de Copenhague en 2009 para reducir del 36,1% al 38,9% de sus emisiones hasta el año 2020, principalmente frenar el ritmo de deforestación de la Amazonía. Como siempre, Estados Unidos maniobró, con tácticas diplomáticas, para bloquear cuanta propuesta a un posible acuerdo legal vinculante se asomara. Y no es de sorprender. Con la crisis financiera, altos niveles de desempleo y una población que aún se muestra escéptica acerca de la responsabilidad humana en el cambio climático, apoyar el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto sería un suicidio político para el presidente Obama. Por ahora, Estados Unidos está dispuesto a negociar con los otros; no precisa acciones, recortes ni fechas.

Canadá, Japón y Rusia no quieren renovar el tratado mientras sus competidores comerciales, China, India y Estados Unidos, no asuman compromisos similares. Quizá la postura más desalentadora sea la de Canadá, un país históricamente innovador en materia ambiental, signatario del Protocolo de Kyoto, quien hasta hace un año estaba dispuesto a asumir un segundo periodo de compromisos. En esta COP 17, el ministro de Ambiente de ese país, Peter Kent, aseveró que “para Canadá, Kyoto pertenece al pasado”. La propuesta europea también fue cuestionada por la delegada venezolana, quien planteó que la UE no está adquiriendo un compromiso real respecto al nivel de sus emisiones cuando éstas ya se hallan incluidas en sus leyes actuales. En las últimas horas de la cumbre, tras dos noches prácticamente en blanco, las diferencias entre la Unión Europea, Estados Unidos, India y China estuvieron a punto de descarrilar la negociación por completo.

Apenas en los últimos instantes las posturas se flexibilizaron, sobre todo por la reunión entre India y la Unión Europea, donde se acordó mantener los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas. “Los países ricos e industrializados eluden su responsabilidad histórica, ya que fueron ellos los primeros en contaminar y continúan siendo los mayores emisores”, expresó Kevin Conrad, jefe negociador de Papúa Nueva Guinea y director ejecutivo de la Coalición para Naciones con Bosques Tropicales (Coalition for Rainforest Nations) que agrupa a 40 países y fue una de las mayores proponentes del Fondo Verde. Las conversaciones de Durban abrieron el camino para el diseño de un Fondo del Clima Verde, que canalice 100.000 millones de dólares anuales desde 2013 hasta 2020, para ayudar a los países en desarrollo frente al cambio climático, pero no se avanzó nada para establecer de dónde saldrá ese dinero. Los delegados también aceptaron considerar la financiación privada y mecanismos de mercado como las opciones del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), que posibilitan la inversión de miles de millones de dólares pero pueden pasar años hasta que el plan despegue a gran escala. La sensación general del público y de los analistas es que Durban no ha permitido un progreso significativo en las negociaciones del clima. Si bien los gobiernos, incluidos los 35 países industrializados, decidieron adoptar un acuerdo legal internacional lo antes posible –a más tardar en 2015– todo quedó pospuesto para la próxima COP 18 en Qatar a finales de este año. En esencia, perdimos otro año sin acciones. Y volvimos a salir con otra ‘Hoja de Ruta’.