La deuda de las administraciones con el sector de tecnología sanitaria aumenta hasta los 4,7 millones, según Fenin
La deuda de las administraciones con el sector de tecnología sanitaria ha mantenido su ascenso incrementándose hasta los 4.740 millones de euros, según los datos registrados teniendo en cuenta las facturas impagadas a 30 de septiembre de 2011. Así, se ha incrementado un 10% más que en abril de este mismo año cuando la deuda se establecía en 4.300 millones de euros, recuerda la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).
En cuanto a los plazos de pago, Fenin señala que las administraciones abonan ahora sus facturas en una media que se sitúa en 431 días, frente a los 395 con los que pagaba cinco meses atrás, es decir, ha aumentado el retraso en 36 días.
Por este motivo, su secretaria general, Margarita Alfonsel, ha reclamado un plan urgente de viabilidad ante la alta morosidad de las administraciones públicas. Además, apela a la implicación directa del Gobierno “para la supervivencia de un sector vital para la asistencia sanitaria de la población”.
Así, Andalucía se mantiene como la comunidad autónoma con mayor deuda (24,65%), equivalente a 1.168 millones de euros; le sigue la Comunidad Valenciana (18,70%) con 886 millones; Madrid (11,13%) tiene 527 millones; y Castilla y León (10%) con una deuda de 476 millones. Esta comunidades concentran el 60% de los 4.740 millones de euros adeudados al sector de tecnología sanitaria.
Mención aparte merecen Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que se encuentran en el plazo legal de pago y cuyas cantidades pendientes de cobro no se consideran deuda. Asimismo, La Rioja, con el 0,44% de deuda equivalente a 20 millones de euros, y Extremadura, que concentra el 0,92% de las cantidades adeudadas, esto es, alrededor de 44 millones de euros.
Por otra parte, Murcia (5,58%) tiene una deuda de 264,3 millones de euros; Cataluña (4,22%) adeuda 199,9 millones; Galicia (3,20%) con 151,6 millones de euros; Baleares (2,59%) con 123 millones de euros; Castilla-La Mancha (2,13%) con 101 millones de euros; Asturias (2,04%) con 96,7 millones de euros; Canarias (1,99%) con 94,5 millones de euros de deuda, y País Vasco (1,28%) con una deuda de 60,7 millones de euros.
“Hay que tener en cuenta en ambos casos, que el volumen de la deuda está ligado al tamaño de la comunidad, por lo que las Comunidades uniprovinciales siempre tienen menor volumen de deuda”, destacan desde Fenin.
Los datos de las empresas del sector de tecnología sanitaria agrupadas en Fenin señalan, asimismo, que el plazo medio de pago es en estos momentos ocho veces más que los plazos legalmente establecidos en la contratación con las administraciones públicas, que establecía un plazo de 60 días.
En este punto, destacan especialmente las comunidades de Valencia (765 días), Cantabria (680), Murcia (673), Andalucía (642), Baleares (626), Castilla y León (618) y Castilla-La Mancha (617), que superan los 18 meses en sus plazos medios de pago.
Por debajo de la actual media, les siguen Aragón (350 días), Asturias (306), Madrid (299), La Rioja (255), Cataluña (226), Galicia (200), Canarias (181), Extremadura (139), Navarra (45) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (44).
Prioridad del nuevo gobierno: Plan Urgente
Al respecto, Alfonsel explica que “debe ser prioridad del nuevo gobierno asegurar el cumplimiento de las leyes de contratación y de morosidad, que rigen la relación entre las administraciones públicas y las empresas”. Así, propone que se empiecen a aprobar presupuestos realistas, suficientes y estables además de dotaciones finalistas y realizarse un mayor esfuerzo de gestión para abordar reformas estructurales en el sistema que le doten de mayor cohesión y mejoren su eficiencia”.
Por ello, Fenin solicita al Gobierno la creación de un Plan Urgente de viabilidad para el sector, liderado por los Ministerios de Sanidad, y Economía y Hacienda. Y advierte de que, en la actualidad, “existen instrumentos y mecanismos válidos” como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su Comité Consultivo, que pueden adoptar compromisos firmes entre todas las comunidades autónomas.
“La morosidad es un elemento que está distorsionando claramente la viabilidad del sector de tecnología sanitaria y pone en grave riesgo su supervivencia”, señala Alfonsel, para quien este retraso se ha traducido en pérdidas de puestos de trabajo y también en cierres y deslocalización de empresas. Asimismo, explica que esta morosidad tiene “un fuerte impacto en el alarmante descenso de las inversiones en I+D+i”.
Redacción
