viernes, 25 de septiembre de 2020

El Ayuntamiento de Sevilla, CES y Cámara crean una comisión de seguimiento para adoptar medidas de choque empresarial

En el centro, los presidentes de la CES y la Cámara de Sevilla En el centro, los presidentes de la CES y la Cámara de Sevilla

Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla y de la Cámara de Comercio, Miguel Rus y Francisco Herrero, han mantenido una reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para hacerle llegar la preocupación existente en el empresariado sevillano por la grave situación producida por el COVID-19 y la necesidad de adoptar medidas que permitan a las empresas enfrentarse a la magnitud del problema.

Éste ha sido el mensaje principal, en el transcurso de un encuentro en el que "se han establecido los mecanismos para la coordinación de acciones y el mantenimiento de un contacto permanente para
afrontar, de manera directa e inmediata, los pasos a dar en cada momento", según han informafo en una comunicado hecho público.

Los empresarios han instado al alcalde a que haga suyas las peticiones al Gobierno en el sentido de que, cuanto antes, se adopten las medidas económicas que permitan al empresariado actuar y poder hacer uso de mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez de las empresas, "evitando la quiebra a la que se enfrentará gran parte de nuestro tejido productivo", así como agilizar el pago del Ayuntamiento a los proveedores. De hecho, hoy se celebra el esperado Consejo de Ministros en el que se darán a conocer las medidas que ponga en marcha el Gobierno de Sánchez en relación con el impaco económico y empresarial de la pandemia.

En el plano local, la CES y la Cámara han pedido la aprobación, cuanto antes, del fraccionamiento y aplazamiento de pagos de comerciantes y empresas al Ayuntamiento, al mismo tiempo que han pedido agilidad en el pago a proveedores y otras actuaciones tendentes a permitir la distribución de productos de primera necesidad, facilitando el desplazamiento y el aparcamiento de los vehículos de carga.

También han instado al alcalde a que se dote de mayor seguridad a los polígonos industriales y a aquellas zonas en las que se viene concentrando público, como está ocurriendo en el entorno
de los supermercados. Y le han transmitido la necesidad de que las administraciones asuman una responsabilidad y "unas medidas excepcionales para evitar la toma de decisiones precipitadas por parte de quienes se sientan, en estos momentos, sobrepasados por los acontecimientos".

En este sentido, han instado al empresariado sevillano, en su gran mayoría pequeños, medianos y autónomos a cumplir con responsabilidad las obligaciones que conlleva el estado de alarma decretado por el Gobierno y colaborar para que las medidas adoptadas sean efectivas, anteponiendo la salud de los ciudadanos como objetivo principal que nos permita "ganar la batalla", en el menor tiempo posible, a esta pandemia.

Sistema jurídico y económico viable

Unas peticiones que están en consonancia con las que ya ha lanzado la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que destacaba en una nota informativa la necesidad de "ir contribuyendo a generar un sistema jurídico y económicamente viable para dar respuesta a las numerosas casuísticas que se van a suceder por la suspensión de actividades y, por tanto, por la pérdida de actividad económica, respuestas que tendrán que venir dadas tanto por la autoridad laboral, como por las de promoción económica".

En este sentido, y a la espera de las resoluciones del nuevo Consejo de Ministros, la Junta de Andalucía ya ha lanzado una batería de medidas, como ha informado El Economista.

Entre las principales medidas ha aprobado un primer paquete de medidas urgentes que movilizará unos 1.000 millones de euros para hacer frente a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 en Andalucía. El decreto ley aprobado incluye, por una parte, actuaciones de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que supondrán la movilización de 900 millones de euros para respaldar su actividad y recoge, además, una dotación de 100 millones para crear un Fondo de contingencia sanitaria.

Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros.

El decreto también contempla anticipar la implantación de medidas de impulso a la gestión tributaria no presencial que estaban previstas para este año.